La validez de los actos policiales y judiciales en la investigación tecnológica

22/11/2014|Publicado por: Ciberseguridad.

Para que el “hallazgo casual” tenga la cobertura necesaria de la garantía constitucional que supone la intervención judicial por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es necesario dotarle de las garantías precisas lo que supone tener cabida dentro del marco legal vigente:

el descubrimiento casual de indicios  de otro delito distinto del investigado durante un registro domiciliario o una intervención telefónica (léase aquí la intervención de correos electrónicos) no implica vulneración de los derechos fundamentales garantizados por el art. 18 CE, siempre que se cumpla el requisito de proporcionalidad y que la autorización y práctica del registro o de la intervención se ajusten plenamente a las exigencias y prevenciones legales y constitucionales”.

El legislador no se ha ocupado suficientemente de las implicaciones y responsabilidades de los proveedores y operadores “técnicos”, ignorando que la amplia factibilidad que ofrece el ciberespacio, para la prestación de servicios  determina, en cierta medida, una cuota de responsabilidad en el control de los asuntos, objetos o servicios ofrecidos a través de Internet.

La determinación de la autoría concreta del real infractor, en los supuestos del uso de técnicas de ingeniería social o informática anonimizadora y, en su caso, en los supuestos de uso compartido del ordenador, no es diferente en las investigaciones por delitos informáticos que en las de delitos tradicionales, pudiendo utilizarse cualesquiera medio de prueba legalmente admitido, empezando por los que aporta la propia técnica como instrumento al servicio de la investigación procesal misma.

En el sentido de la actividad probatoria, si no fuese posible mediante la oportuna prueba técnica pericial  para la detección de las señas IP del usuario o el rastreo de las cuentas bancarias asociadas o por la documental (así como el conocimiento de la clave de usuario y contraseña de cada cual que pudiese ser conocida por terceros), cabe la determinación de la convicción judicial por la testifical.

Abogado. Doctor en Derecho. Perito informático.

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